En un mundo cada vez más digitalizado, los accesos no autorizados a sistemas informáticos se han convertido en una forma silenciosa pero grave de vulneración de derechos.
Entrar en un correo electrónico ajeno, consultar bases de datos privadas o acceder a información restringida sin permiso puede constituir un delito, incluso si no hay daños aparentes o si el acceso se ha producido sin forzar contraseñas.
El Código Penal tipifica estas conductas dentro del ámbito de los delitos informáticos, en especial cuando se accede, se modifica o se extrae información sin consentimiento.
En muchos casos, estos hechos no se descubren de inmediato, o no se les da importancia hasta que generan consecuencias legales, personales o empresariales.
Cuando hay indicios de acceso indebido, es clave actuar con rapidez y con el respaldo de herramientas técnicas y jurídicas que permitan probar lo ocurrido y activar las vías legales correspondientes.
En este contexto, el peritaje forense informático y la denuncia penal son las dos piezas clave para proteger los derechos vulnerados.
¿Qué se considera un acceso ilícito a sistemas?
Cuando hablamos de accesos ilícitos en sistemas informáticos, no siempre se trata de un “hacker” en el sentido tradicional. La mayoría de estos casos implican situaciones más cotidianas:
Una persona que entra en una cuenta de correo ajena, que accede sin autorización a un sistema de gestión, o que utiliza credenciales que no le corresponden para consultar, copiar o incluso borrar información.
El Código Penal contempla estas conductas como delitos informáticos, concretamente dentro del apartado de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 y siguientes). No hace falta que haya robo de datos, ni que se cause un daño económico directo. El simple hecho de acceder sin permiso ya puede ser penalmente relevante, incluso si se hace desde un dispositivo autorizado o con claves obtenidas por confianza o engaño.
Esto incluye situaciones como acceder a bases de datos internas de una empresa, leer correos electrónicos ajenos, consultar información médica, legal, financiera o personal sin consentimiento, o entrar en sistemas privados con fines de control, espionaje o daño reputacional.
La clave está en la ausencia de consentimiento y la naturaleza privada o restringida del sistema accedido. Cuando esto ocurre, la ley ofrece mecanismos para investigar lo sucedido y exigir responsabilidades, siempre que se actúe de forma correcta desde el inicio.
El papel del peritaje forense: cómo demostrar lo que ha pasado
Una de las mayores dificultades en los casos de acceso ilícito a sistemas es demostrar que realmente ha ocurrido. Muchas veces no hay testigos, y la propia persona afectada no se da cuenta hasta días o semanas después. Aquí es donde entra en juego el peritaje forense informático.
Un peritaje forense es un análisis técnico realizado por un especialista en sistemas y seguridad digital, que permite identificar y documentar evidencias de acceso no autorizado.
Esto puede incluir rastros en los registros del sistema (logs), direcciones IP desde las que se ha producido el acceso, horarios concretos, actividad realizada, dispositivos conectados o manipulaciones detectadas en los archivos o configuraciones.
La intervención temprana del perito es clave, porque si se espera demasiado, muchos de estos datos pueden perderse.
Un análisis bien hecho permite no solo confirmar que ha habido intrusión, sino también vincular ese acceso con una persona concreta o un dispositivo específico, algo esencial si se quiere avanzar con una denuncia penal sólida.
Además, este informe técnico tiene valor probatorio y puede ser incorporado al procedimiento judicial. Por eso es importante que se realice con rigor, de forma neutral y con todas las garantías que exige la práctica forense.
La coordinación entre el abogado y el perito es fundamental para asegurarse de que la prueba se obtenga correctamente y se pueda utilizar de manera efectiva en sede judicial.
La denuncia penal: qué se puede pedir y cómo se tramita
Una vez se ha confirmado, a través del peritaje forense, que ha habido un acceso no autorizado, el siguiente paso es valorar la presentación de una denuncia penal.
Este tipo de conductas encajan dentro de los llamados delitos informáticos, regulados en los artículos 197 y siguientes del Código Penal, que castigan desde el simple acceso ilícito hasta la alteración, destrucción o difusión de información.
La denuncia se presenta ante el juzgado de guardia o ante la policía, y debe incluir una exposición clara de los hechos, así como la documentación técnica que los respalde.
Cuanto más completo sea el relato —fechas, usuarios afectados, tipo de información consultada o manipulada—, mayores serán las posibilidades de que el juzgado impulse una investigación efectiva.
En función de lo ocurrido, se puede solicitar que se identifique al autor del acceso, que se adopten medidas cautelares (como la preservación de pruebas en servidores o cuentas de correo), o que se requiera a plataformas tecnológicas la cesión de información relevante para esclarecer los hechos.
Además, si el acceso ha causado perjuicios económicos, contractuales o personales, puede iniciarse también una reclamación de responsabilidad civil dentro del procedimiento penal, orientada a obtener una indemnización por los daños sufridos.
Es importante tener en cuenta que, en este tipo de delitos informáticos, el enfoque técnico y legal debe ir de la mano desde el principio. Presentar la denuncia de forma precipitada o sin base puede dificultar su tramitación posterior.
¿Por qué actuar con asesoramiento legal especializado?
Los casos de acceso ilícito a sistemas informáticos tienen una particularidad: mezclan lo técnico con lo legal. Y si no se aborda correctamente desde ambos frentes, es fácil que la denuncia no prospere, no porque el delito no exista, sino porque no se ha sabido acreditar o enfocar jurídicamente.
Muchos procedimientos penales por delitos informáticos terminan archivados por falta de prueba, por errores en la forma de presentar el caso o por no haber conservado correctamente los elementos técnicos desde el inicio.
Por eso, el asesoramiento legal especializado no solo acompaña: ordena, da forma y dirige la acción legal con perspectiva procesal.
Además, en este tipo de asuntos no basta con saber derecho penal. Es necesario comprender cómo funcionan los sistemas, qué tipo de evidencias pueden obtenerse, cómo deben solicitarse diligencias concretas, o cuándo es posible plantear medidas cautelares para evitar que las pruebas desaparezcan.
Actuar con un abogado que conozca bien estos procedimientos permite no solo presentar una denuncia sólida, sino también proteger tus intereses a medio y largo plazo, especialmente si los hechos tienen impacto económico, contractual o reputacional.
Frente a los delitos informáticos, no basta con sospechar
Cuando alguien accede sin permiso a tus sistemas, no es solo una intromisión: es un hecho perseguible penalmente. Los delitos informáticos requieren una respuesta técnica y legal bien coordinada, desde la detección hasta la denuncia.
Contar con asesoramiento jurídico especializado desde el primer momento es la mejor forma de actuar con eficacia, proteger tus derechos y lograr que se investigue lo ocurrido con garantías.
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